Discrepancias y negativas políticas
— ¿Por qué Ciutadans (C’s) no apoya el inicio de un nuevo debate territorial ahora en Cataluña?
› Porque las modificaciones territoriales y administrativas que conlleva la aplicación de la división territorial en veguerías no pueden ejecutarse si no se reforman previamente varias leyes orgánicas e, incluso, la propia Constitución. Esta misión casi imposible también será, de hecho, la condición imprescindible para dotar de contenido funcional a unas nuevas administraciones que de no ser así nacerán vacías de competencias. El mismo preámbulo del anteproyecto alerta del riesgo de fracaso: «La ley establece que Cataluña se organiza en siete veguerías. No obstante, para su efectiva constitución es necesario que, previamente, se modifiquen los límites provinciales a través de una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales españolas». Pero el conseller Jordi Ausàs no ha previsto ningún itinerario para este proceso. Mientras el Congreso de los Diputados no se pusiera manos a la obra, la situación sobre el territorio sería surrealista. Cataluña solo podría poner en marcha aquellas veguerías que coincidan con el mapa actual, es decir, cuatro de las siete: Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona.

— ¿Y qué pasaría con el resto de comarcas?
› Con la ley en la mano, «ningún municipio ni ninguna comarca deben quedar excluidos de la organización veguerial». Un caldo de cultivo demasiado fácil para recrudecer enojos y agravios territoriales.
› Porque el anteproyecto entra en conflicto con la ley orgánica de régimen electoral general (LOREG). El artículo 25.2 establece que «la circunscripción electoral veguerial es la comarca», un cambio respecto a lo que fija la LOREG, que es la norma reguladora de todos los procesos electorales en España. El Estatut otorga a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el régimen electoral de las instituciones locales que crea, salvo de las que «están garantizadas constitucionalmente». Y la provincia es una de las que marca la Carta Magna, por lo que el Parlament carece de atribuciones en este ámbito.
› Porque el anteproyecto no define con claridad el capítulo de sus competencias, que puede convertirse en la práctica en el único contenido efectivo de la ley, a la espera de los cambios legislativos estatales. El artículo 21 atribuye a las veguerías las capacidades genéricas de coordinar servicios municipales, prestar asistencia y cooperación a los municipios y dotar de servicios públicos supracomarcales.
› Porque el texto tampoco detalla el proceso de transición de las diputaciones a los consejos de veguería ni la financiación de estos, pese a que las funciones y el personal de cuatro administraciones se deberán repartir entre siete, con el difícil ejercicio de evitar superposiciones.